Fuente: NEGOCIO - 22/03/2010

Desde hace tiempo, los mensajes sobre el uso poco eficiente e insostenible del agua que realiza la sociedad está en boca de todos: medios de comunicación, asociaciones, gobiernos, consumidores,... Esto ha servido para que el consumidor se sienta culpable del uso irracional del agua, pero no es suficiente. Hace falta aclarar cuáles son las obligaciones y derechos de los ciudadanos y cuáles las responsabilidades de los poderes públicos, como administradores y reguladores de este recurso vital.

El acceso al agua es un derecho de los ciudadanos que los poderes públicos están obligados a garantizar. También es una obligación de los poderes públicos garantizar que el agua usada en las ciudades sea devuelta a los cauces naturales con la calidad suficiente. La Administración Pública debe conocer las demandas presentes y futuras, otorgar las concesiones, asegurar la dotación de las obras públicas necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos, definir la financiación necesaria y la provisión de la misma y regular y controlar el uso efectivo de los recursos en orden a garantizar la eficiencia. Los consumidores no sólo deben ser responsables con el uso que hacen de este recurso, sino también con el coste de este servicio público. Disponemos de recursos y tecnología para atender las demandas, pero la provisión será cada vez más costosa, lo cual es razón suficiente para mejorar la eficiencia día tras día.