Fuente: Diario de Lanzarote - 25/04/2011
El nuevo plan hidrológico de Lanzarote, en tramitación, rompe definitivamente con el monopolio en la producción del agua desalada, que al menos en teoría era obligatorio que estuviese en manos públicas. Se permitirán las desaladoras privadas y para autoconsumo.
Hasta el momento, el Plan Insular de 1991 y el plan hidrológico en vigor, aprobado hace una década, establecían que las desaladoras privadas sólo se podrían autorizar de forma "excepcional", recayendo el peso de la producción de agua en Lanzarote en el Consorcio -Cabildo y ayuntamientos- y su empresa, Inalsa.
De hecho, para que se diese vía libre a la instalación de una planta desaladora de iniciativa privada para abastecimiento urbano, turístico o industrial, el plan hidrológico especificaba que se debía "demostrar" su "conveniencia" y "la imposibilidad temporal" de que se pudiese acceder al suministro público.
A pesar de estas exigencias, en las dos últimas décadas han proliferado las plantas desaladoras privadas, generalmente vinculadas a complejos o urbanizaciones turísticas. De tal manera que se estima que hay en torno a unas 45 desaladoras operando al margen de la legalidad: unas 21 en Playa Blanca, otras 15 en Costa Teguise y el resto, sobre todo, en Puerto del Carmen.
La consecuencia de que durante años se haya amparado este limbo para las desaladoras privadas ha sido una merma en los ingresos de Inalsa. Los administradores concursales de la empresa pública han reclamado por activa y por pasiva que en la "lucha contra el fraude", el Consejo Insular de Aguas localizase las "irregularidades en la producción de agua desalada mediante plantas desalinizadoras privadas".
Según han destacado, los complejos turísticos que cuentan con desaladoras privadas producen unos 5.000 metros cúbicos de agua al día. Está situación "está provocando un encarecimiento del precio del agua debido a que los gastos fijos del servicio" de Inalsa "deben ser soportados cada vez en mayor porcentaje por la tarifa doméstica".
Es decir, que un buen número de grandes consumidores, que tendrían encima que abonar la tarifa turística, no están enganchados a la red de Inalsa, a pesar de no cumplir sus plantas desaladoras la normativa vigente. Aunque no hay un cálculo preciso, se ha llegado a estimar que la empresa pública deja de ingresar cerca de cinco millones al año por esta causa.
Con el nuevo plan hidrológico, el Consejo Insular de Aguas se reserva el papel de supervisor en la autorización de plantas desaladoras, pero se eliminan las actuales trabas. Así, el documento, en fase de avance, señala incluso que no se podrá denegar la instalación de una planta "por existir ya en la zona suficiente oferta pública o privada de agua".
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destacado que la legislación europea "aboca a liberalizar por completo, antes o después, la producción del agua" en Lanzarote, eso sí, "dentro de unos parámetros de calidad y con todas las licencias oportunas". Inalsa tiene capacidad para producir unos 64.000 metros cúbicos al día.
"A día de hoy", ha afirmado San Ginés, "si se parasen las plantas privadas que hay en la Isla entonces sí estaríamos en un verdadero problema de emergencia hídrica". El Consejo Insular ha decidido elaborar un censo "para abordar un hipotético proceso de regularización" de las plantas desaladoras privadas.
Fuente: Diario de Lanzarote - 25/04/2011
El nuevo plan hidrológico de Lanzarote, en tramitación, rompe definitivamente con el monopolio en la producción del agua desalada, que al menos en teoría era obligatorio que estuviese en manos públicas. Se permitirán las desaladoras privadas y para autoconsumo.
Hasta el momento, el Plan Insular de 1991 y el plan hidrológico en vigor, aprobado hace una década, establecían que las desaladoras privadas sólo se podrían autorizar de forma "excepcional", recayendo el peso de la producción de agua en Lanzarote en el Consorcio -Cabildo y ayuntamientos- y su empresa, Inalsa.
De hecho, para que se diese vía libre a la instalación de una planta desaladora de iniciativa privada para abastecimiento urbano, turístico o industrial, el plan hidrológico especificaba que se debía "demostrar" su "conveniencia" y "la imposibilidad temporal" de que se pudiese acceder al suministro público.
A pesar de estas exigencias, en las dos últimas décadas han proliferado las plantas desaladoras privadas, generalmente vinculadas a complejos o urbanizaciones turísticas. De tal manera que se estima que hay en torno a unas 45 desaladoras operando al margen de la legalidad: unas 21 en Playa Blanca, otras 15 en Costa Teguise y el resto, sobre todo, en Puerto del Carmen.
La consecuencia de que durante años se haya amparado este limbo para las desaladoras privadas ha sido una merma en los ingresos de Inalsa. Los administradores concursales de la empresa pública han reclamado por activa y por pasiva que en la "lucha contra el fraude", el Consejo Insular de Aguas localizase las "irregularidades en la producción de agua desalada mediante plantas desalinizadoras privadas".
Según han destacado, los complejos turísticos que cuentan con desaladoras privadas producen unos 5.000 metros cúbicos de agua al día. Está situación "está provocando un encarecimiento del precio del agua debido a que los gastos fijos del servicio" de Inalsa "deben ser soportados cada vez en mayor porcentaje por la tarifa doméstica".
Es decir, que un buen número de grandes consumidores, que tendrían encima que abonar la tarifa turística, no están enganchados a la red de Inalsa, a pesar de no cumplir sus plantas desaladoras la normativa vigente. Aunque no hay un cálculo preciso, se ha llegado a estimar que la empresa pública deja de ingresar cerca de cinco millones al año por esta causa.
Con el nuevo plan hidrológico, el Consejo Insular de Aguas se reserva el papel de supervisor en la autorización de plantas desaladoras, pero se eliminan las actuales trabas. Así, el documento, en fase de avance, señala incluso que no se podrá denegar la instalación de una planta "por existir ya en la zona suficiente oferta pública o privada de agua".
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destacado que la legislación europea "aboca a liberalizar por completo, antes o después, la producción del agua" en Lanzarote, eso sí, "dentro de unos parámetros de calidad y con todas las licencias oportunas". Inalsa tiene capacidad para producir unos 64.000 metros cúbicos al día.
"A día de hoy", ha afirmado San Ginés, "si se parasen las plantas privadas que hay en la Isla entonces sí estaríamos en un verdadero problema de emergencia hídrica". El Consejo Insular ha decidido elaborar un censo "para abordar un hipotético proceso de regularización" de las plantas desaladoras privadas.
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