Fuente: EXPANSIÓN.COM - 05/05/2010

A principios de año entró en vigor la Ley de Aguas de Andalucía, que permite que esta comunidad autónoma cuente, por primera vez, con un marco normativo propio para la gestión de sus recursos hídricos, una vez culminado el traspaso de las competencias sobre todas las cuencas hidrográficas de la región.

Esta ley tiene por objetivo regular el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma y de las entidades locales en materia de agua con el fin de lograr su protección y su uso sostenible. Además, trata de garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población y hacer compatible el desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

La nueva norma ha aprobado un plan de infraestructuras por el que se construirán más de 300 depuradoras que rondarán los 1.500 millones de euros. Además, ha implantado un régimen económico-financiero acorde con el mandato de la directiva europea de aplicar el denominado principio de recuperación de costes, sin perjuicio de las excepciones legales a la misma.