Fuente: El País - 07/12/2010

Un informe jurídico encargado por la Confederación Hidrográfica del Tajo encuentra dificultades legales en la privatización del Canal de Isabel II. Según el estudio, los ayuntamientos que tengan convenios con la empresa pública regional para la gestión del agua tendrán que anular dichos convenios y proceder a asumir la gestión directa de los servicios de su competencia, o realizar una licitación para realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora atribuían al Canal.